Tres infografías con comparativas internacionales de precios de gasolina y diesel (El Blog Sal món)

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La CNMC informa sobre los efectos desfavorables de determinados cambios en la Ley del Sector de Hidrocarburos introducidos por la Ley 11/2013 y propone modificaciones

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Unknown-2En el marco de su función de promoción de la competencia y buena regulación económica, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe acerca de las modificaciones a la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos contenidas en el RDL 4/2013, posteriormente tramitado como Ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.Tal y como se justifica en su exposición de motivos, y teniendo en cuenta la escasa competencia en el mercado de distribución de carburantes, la Ley 11/2013 introduce en la normativa sectorial (Ley de Hidrocarburos) nuevas reglas para los contratos de suministro al por menor en exclusiva, al considerarse éstos una de las principales barreras de entrada y expansión en España de operadores alternativos.

En concreto, la Ley 11/2013 establece con un nuevo art. 43 bis en la Ley del Sector de Hidrocarburos dos limitaciones a este tipo de contratos: (a) duración máxima del contrato de un año prorrogable hasta un máximo de 3 años, y (b) prohibición de cláusulas que fijen, recomienden o incidan, directa o indirectamente, en el precio de venta al público del combustible, bajo pena de nulidad de pleno derecho en ambos casos. Por otro lado la Disposición Adicional 4a de la Ley 11/2013 establece un periodo de adaptación a la normativa de 12 meses para cumplir con los nuevos requisitos.

En términos generales, la CNMC valora favorablemente estos nuevos requisitos, que van más allá de las pautas generales de la normativa de competencia, dada la situación competitiva especial del sector.

Sin embargo, en la tramitación parlamentaria de la Ley se añadió el apartado cuarto del artículo 43 bis que vendría a exceptuar de las nuevas reglas los casos en los que “los bienes o servicios contractuales sean vendidos por el comprador desde locales y terrenos que sean de plena propiedad del proveedor”. Además , la Disposición Adicional que regula el periodo transitorio también exceptúa del plazo de adaptación a otra serie de contratos, que no habían sido excluidos expresamente por el apartado 4: “cuando el proveedor tenga en vigor un contrato de arrendamiento de los locales o terrenos u ostente un derecho real limitado respecto a terceros siempre y cuando la duración de los contratos de suministro en exclusiva no exceda de la duración del contrato de arrendamiento o derecho real sobre los locales o terrenos”

En opinión de la CNMC, si bien resulta justificado a la luz de la normativa de competencia la excepción introducida en el nuevo párrafo en relación con una de las limitaciones previstas (la relativa a la duración máxima), no lo es en relación con la otra limitación (prohibición de que se incluyan cláusulas que fijen, recomienden o incidan en el precio).

Se recomienda, en consecuencia, la modificación del párrafo introducido con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica de la reforma, eliminar elementos de incertidumbre y promover la competencia efectiva en el mercado minorista de distribución de hidrocarburos de forma alineada con el objetivo de la norma.

En cualquiera de los casos, la CNMC recuerda que la compatibilidad con la normativa sectorial nacional no excluye de la necesaria observancia de la normativa española y comunitaria de defensa de la competencia.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados y que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC, en aplicación del artículo 5.1.f) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC.

Acceso al Informe Propuesta de la CNMC en relación con la modificación del Artículo 43 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos 

La UE dictamina que el ‘céntimo sanitario’ vulnera la legislación

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España podría tener que devolver 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que el ‘céntimo sanitario’ -el impuesto sobre los carburantes que aplicaban algunas comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinaban a financiar la sanidad- vulnera la legislación comunitaria.

Los jueces señalan que “no procede limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia, ya que el Gobierno español y la Generalitat de Catalunya no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de diez años”. Ello significa que se abre la vía para que los afectados puedan reclamar la devolución de los 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente entre 2002 y 2011, según las estimaciones de las propias autoridades españolas.

El fallo responde a un litigio iniciado por una empresa de transporte establecida en Cataluña. La compañía solicitó que se le devolvieran los 45.000 euros que tuvo que pagar por este impuesto alegando que era ilegal. El caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había pedido a la justicia europea que se pronunciara.

El gravamen en cuestión es el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), que estaba destinado a financiar las nuevas competencias transferidas a las comunidades autónomas en materia sanitaria, además de actuaciones medioambientales. Estuvo en vigor entre el 1 de enero de 2002 y el 1 de enero de 2013, fecha en la que se integró en el impuesto especial sobre los hidrocarburos.

En su sentencia de este jueves, el Tribunal declara que el ‘céntimo sanitario’ es contrario a la directiva de la UE sobre los impuestos especiales, ya que no cumple el principal requisito exigido a un gravamen de este tipo: perseguir una finalidad específica.

En este sentido, señala que lo recaudado por el céntimo sanitario se destina a las comunidades autónomas para que éstas financien el ejercicio de algunas de sus competencias. “Pues bien, el aumento de la autonomía de un ente territorial mediante el reconocimiento de una potestad tributaria constituye un objetivo puramente presupuestario, que no puede, por sí solo, constituir una finalidad específica”, afirma el Tribunal.

Según los jueces, para considerar que persigue una finalidad específica, el debería tener por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente. “Tal sería el caso, en particular, si los rendimientos de dicho impuesto debieran utilizarse obligatoriamente para reducir los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de los hidrocarburos que grava dicho impuesto”, apunta el fallo.

Sin embargo, las comunidades autónomas destinan la recaudación “a los gastos sanitarios en general, y no a los vinculados específicamente al consumo de los hidrocarburos gravados”. Además, la norma española no establece ningún mecanismo de afectación predeterminada a fines medioambientales, denuncian los jueces.

NO HA HABIDO BUENA FE POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS

La Generalitat de Catalunya y el Gobierno español solicitaron al Tribunal de Justicia que limitara los efectos en el tiempo de esta sentencia en el supuesto de que fuera desfavorable. Alegaron en particular que el céntimo sanitario ha dado lugar a una gran cantidad de litigios y que la obligación de devolverlo “pone en peligro la financiación de la sanidad pública en las comunidades autónomas”.

El Tribunal de Justicia ha desestimado esta petición argumentando que “no puede admitirse que la Generalitat de Catalunya y el Gobierno español hayan actuado de buena fe al mantener el IVMDH en vigor durante un período de más de diez años”.

El fallo recuerda que en el año 2000 la justicia europea ya se pronunció sobre un impuesto con características análogas. Además, en 2001, la Comisión había informado a las autoridades españolas de que la introducción de dicho impuesto sería contraria al Derecho de la Unión. Por otro lado, en 2003 (el año siguiente a la entrada en vigor del IVMDH), la Comisión inició un procedimiento de incumplimiento contra España en relación con dicho impuesto.

El Tribunal de Justicia recuerda que, según reiterada jurisprudencia, las consecuencias financieras que podrían derivarse para un Estado miembro de una sentencia dictada con carácter prejudicial no justifican, por sí solas, la limitación en el tiempo de los efectos de esa sentencia.

“Si ello no fuera así, las violaciones más graves recibirían el trato más favorable, en la medida en que son éstas las que pueden entrañar las consecuencias económicas más cuantiosas para los Estados miembros. Además, limitar los efectos de una sentencia en el tiempo basándose únicamente en consideraciones de este tipo redundaría en un menoscabo sustancial de la protección jurisdiccional de los derechos que la normativa fiscal de la Unión confiere a los contribuyentes”, concluye el fallo.

Documentos:

Comunicado de prensa del TJUE

Sentencia

Real Decreto por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera

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El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un Real Decreto por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.

El texto pretende poner al día todas aquellas cuestiones que han quedado obsoletas y adaptarse a las normas internacionales vigentes en este momento tras las sucesivas modificaciones sufridas. Igualmente, pretende desarrollar normas internas para regular el transporte por carretera de mercancías peligrosas en los aspectos que, o bien no se contemplan en el ADR (Acuerdo europeo de transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera) o bien deja libertad a los Estados para su desarrollo o concreción.

Los aspectos más destacables del contenido del Real Decreto son:

  • Adecuación al Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.- Se establece con carácter general la aplicabilidad del Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) a los transportes que se realicen íntegramente dentro del territorio español.
  • Normas sobre la operación de transporte.- Se contienen las normas aplicables a la tripulación de los vehículos de transporte, las normas especiales de circulación por las vías públicas y las autoridades competentes y circunstancias en las que se pueden emitir permisos excepcionales o especiales para el transporte y circulación en condiciones distintas a las reguladas.
  • Normas técnicas sobre vehículos de transporte, envases y embalajes, grandes recipientes para granel, grandes embalajes y contenedores a granel.- Se regulan las condiciones, requisitos, documentación y pruebas a cumplir por los envases, embalajes, grandes recipientes para granel, grandes embalajes, vehículos, cisternas, vehículos batería, contenedores de gas de elementos múltiples, vehículos para el transporte de explosivos, vehículos portadores de cisternas y contendores para granel para materias en forma de polvo o granos, para que se les autorice a contener o transportar mercancías peligrosas. También se regulan las condiciones y requisitos para la importación de cisternas, vehículos batería, vehículos para el transporte de explosivos y unidades móviles para la fabricación de explosivos.

Las novedades con respecto a la normativa vigente se refieren, principalmente, a la fabricación y control de envases y embalajes, grandes recipientes para granel y grandes embalajes, clarificando los requisitos y periodos de inspección. Igualmente, se clarifican la vigilancia y el control durante todo el proceso de fabricación de las cisternas, y las actuaciones de los fabricantes y organismos de control, cuando el fabricante sea extranjero. El resto de las modificaciones se refieren a la adecuación de las referencias a las normas industriales vigentes.

Además, se regulan las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos y los organismos autorizados para el control de estos recipientes o vehículos, la documentación y trámites administrativos a cumplir.

  • Normas de actuación en caso de avería o accidente.- Se regulan las actuaciones a realizar en caso de avería o accidente de vehículos que transporten mercancías peligrosas, tanto por parte de la tripulación del mismo, como por parte de los órganos de intervención, sus planes de actuación y los informes que se tienen que realizar a los diferentes órganos competentes en materia de control de tráfico y seguridad vial.

Operaciones de carga y descarga

El Real Decreto desarrolla las normas de carga y descarga de forma general, es decir, incluyendo cualquier maniobra independientemente del tipo de vehículo. Contempla la información que se debe proporcionar para desarrollar estas maniobras, su documentación, las operaciones previas a la carga o la descarga, las operaciones en sí mismas, la posibilidad de derivar responsabilidades, las operaciones de carga en común y las limitaciones existentes. Por último regula las operaciones que se deben realizar una vez terminada la carga o descarga. Como novedades, se clarifican las responsabilidades del cargador y del transportista en cuanto a las obligaciones establecidas en el ADR sobre la señalización de los bultos y la de los vehículos.

Bienvenida y declaración de intenciones

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AMADIS ha nacido con el objetivo declarado por sus fundadores, de cumplir el siguiente decálogo de principios:

  • Un asociado = un voto.
  • Lograr lacalidad y excelencia del servicio prestado por los asociados a los consumidores, y por lo tanto el cumplimiento pleno de la legalidad.
  • La defensa y representación de los intereses del sector ante la Administración y cualesquiera otros agentes económicos.
  • Gestión profesional de la asociación.
  • Todo distribuidor de gasóleo en Madrid, combustibles y carburantes y/o biocarburantes o biocombustibles podrá ser admitido como asociado, independientemente de su volumen de negocio y de que tengan instalaciones de almacenamiento o no, por la mínima contribución posible.
  • Convertirse en Central de Compras y servicios para sus asociados y lograr ventajas para la adquisición y/o contratación de bienes y servicios necesarios para su actividad.
  • Al servicio de los asociados.
  • Especial atención a los biocarburantes y biocombustibles.
  • Especial atención al medioambiente.

Consideramos que una Asociación empresarial como la que proponemos resulta absolutamente necesaria al sector de la distribución de gasóleos y a sus integrantes, con el fin de poder tener influencia en esa telaraña normativa que es la cada vez más extensa regulación de nuestra actividad de distribución de carburantes y combustibles, y de lograr la más amplia divulgación de esa regulación y de las mejores y más rentables prácticas para el desarrollo de la actividad.