Oil bulletin: actualizado

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The European maps covering the consumer prices and taxation of Euro-super 95 and automotive gas oil have been updated on 14/04

http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm

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Comunicación del Sr. Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Mad rid promoviendo el gas frente al gasóleo, con ocasión de las revisiones por eficiencia energ ética a las instalaciones térmicas de edificios.

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Por el Presidente de la Asociación Madrileña de Distribuidores de Carburantes y Combustibles (AMADIS), D. Mariano Monjas Hernández, se nos traslada la solicitud de una opinión jurídica fundamentada acerca de carta remitida por el Sr. Director General de Industria, Energía y Minas de la CAM promoviendo el gas frente al gasóleo, con ocasión de la comunicación de las revisiones por eficiencia energética a las instalaciones térmicas de edificios, por cuanto entiende que supone de forma injustificada un ataque a los productos que su empresa y los asociados de su asociación comercializan (gasóleo de calefacción entre otros).

En particular se pone resalta el contenido de la carta desde el 4º párrafo hasta el final, que a criterio del solicitante resulta un panegírico sobre el gas natural del Sr. Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, enfrentándolo groseramente, sin argumentos e injustificadamente frente a los productos petrolíferos usados para calefacción (gasóleo).

El análisis de la mencionada carta ha de partir, necesariamente, de los derechos y sistemas económicos que orientan nuestra economía y de las actividades posibles de dirección, promoción, y/o planificación de los poderes públicos, dado el objeto de la carta, al efecto de determinar la legalidad o no del contenido y forma de la misma.

En este sentido, el artículo 38 de la Constitución Española de 1978 reconoce expresamente “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado” y obliga a los poderes públicos a proteger su ejercicio “de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”. El precepto bien puede considerarse como el núcleo de las cláusulas económicas de la Constitución en cuanto hace referencia al modelo de economía de mercado. Los derechos cuyo reconocimiento es obligado en una economía de mercado son, además de la libertad de empresa, el derecho a trabajar y a elegir libremente la profesión u oficio (art. 35 CE), el derecho a la propiedad privada y la herencia (art. 33 CE) y la libertad contractual (art. 10 CE). Dicho lo cual, y en general, la libertad de empresa encuentra su fundamento último en idénticas valoraciones a las que fundamentan los demás derechos individuales que tienen la estructura de libertades: asegurar a los individuos una esfera de actuación libre de injerencias estatales. Su función específica es –junto a las restantes libertades económicas– la de garantizar la independencia de los ciudadanos permitiéndoles “ganarse la vida” de forma autónoma respecto del Estado. Como libertad individual es, fundamentalmente, una libertad frente al Estado y no frente a otros particulares que, por lo tanto, no están vinculados por el derecho fundamental del otro empresario.

Por otra parte, la Constitución española también recoge los títulos que atribuye a los poderes públicos para intervenir en el mercado, regularlo y suprimirlo. Así, mientras el artículo 33 consagra la libertad de propiedad, el artículo 128.1 somete toda la riqueza del país al “interés general”; mientras el artículo 38 reconoce y protege la libertad de empresa, el artículo 128.2 reconoce el derecho del Estado a desarrollar actividades económicas en competencia con los particulares; su derecho a reservarse sectores enteros de la economía y a intervenir las empresas privadas cuando el interés general, nuevamente, así lo requiera. De esta ordenación se deducen dos conclusiones claras. La primera es que los únicos titulares del derecho fundamental a la libertad de empresa son los particulares. Cuando el Estado ejerce la “iniciativa económica pública” no ejerce ningún derecho fundamental a la libertad de empresa. Los poderes públicos no son titulares ni de este ni de ningún otro derecho fundamental. define claramente la preeminencia de las libertades económicas sobre la legitimidad de la intervención estatal.

Es por ello, pues, como es en el caso examinado de la carta remitida por el Sr. Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid que puede decirse rotundamente, que siendo más vehículo de expresiones que pertenecen al discurso público dando publicidad y promoción a un producto frente a otro, es inconstitucional, ilegal e ilegítimo.

Recobro de impagados mediante juicio monitorio por ACC Abogados a socios de AMADIS

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El recobro de morosos fácil, judicial y sin coste.

No podemos dejar que nuestros clientes entren en morosidad, y por desidia, miedo, prejuicios, perder nuestro dinero, bien por no hacer nada o bien porque cuando lo hacemos es demasiado tarde o por no hacer lo más eficaz.

En la gestión de impagados, el tiempo es clave. No podemos dejar que pase el tiempo sin tomar las correspondientes medidas, sin hacer las precisas gestiones. Así, se entiende que para gestiones amistosas de recobro, bien internas o externas, 3 meses después del vencimiento es más que suficiente. Si un cliente, ya moroso, no paga ni ofrece solución razonable en ese plazo, es que no lo va a hacer.

Por eso, y dado que los juicios monitorios son rápidos y eficaces, que además no necesitamos abogado ni procurador, y que si la deuda reclamada inferior a 2.000 euros, no supone costes de ningún tipo, es por lo que desde nuestra experiencia nos permitimos recomendar su uso inmediato, por que cuanto menos tiempo pasa entre el vencimiento y la reclamación, mayor probabilidad de éxito.

En caso de duda, y condicionando nuestros honorarios al éxito del recobro, en ACC Abogados tenemos sobrada experiencia en la tramitación y gestión de impagados por vía judicial, por lo que les invitamos a contactar con nosotros.

La crisis salva a las gasolineras de cooperativas e hipermercados

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La Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), principal patronal del sector que representa a empresas como Repsol, Cepsa y BP, acaba de realizar una radiografía del mercado con datos de 2013 y las compara con 2008, antes de la crisis. Una de sus principales conclusiones es el hecho de que los operadores tradicionales del sector de la distribución de combustibles han pasado de controlar el 70% de las estaciones de servicio en 2008 a un 61% el año pasado, mientras que los operadores catalogados como no tradicionales, formados por los independientes y los hipermercados, han ido ganando progresivamente cuota de mercado.mf.gif

La crisis salva a las gasolineras de cooperativas e hipermercados

Los precios medios de la gasolina 95 y del gasóleo se mantuvieron en febrero y las petrole ras aumentan su margen, según la CMMC

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cnmc– La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho público el Informe Mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio, correspondiente al mes de febrero de 2014. De acuerdo con los datos suministrados por los operadores, el PVP promedio mensual en Península y Baleares de la gasolina 95 se mantiene con un ligero aumento hasta situarse en 1,406 €/litro. El PVP promedio mensual en Península y Baleares del gasóleo A disminuyó ligeramente y se sitúa en 1,348 €/litro. En el mismo periodo la cotización internacional de referencia para la gasolina 95 aumentó un 2,3% respecto al mes anterior, mientras que en el caso del gasóleo A el aumento fue del 0,1%. En enero la demanda de carburantes de automoción registró una disminución del 4,0% respecto a la de diciembre, si bien se situó un 1,1% por encima de la del mismo mes del año 2013. La demanda global de productos petrolíferos cayó un 6,4% respecto al diciembre. España continúa en los puestos de precios antes de impuestos de los carburantes más altos de la UE, por encima de todos los países de la UE-6 y superior a la media de la UE-18 y de la UE-28. En la comparativa de precios (p.17) se sitúa en el cuarto lugar, lo que supone 4,4 céntimos de €/lt más cara que la UE-18 y 5,4 ctms €/lt sobre la UE-28. Los márgenes brutos de distribución de los carburantes en España divergen ligeramente respecto a los de los países de la UE-6. Desde abril de 2012, los márgenes brutos en España aumentan en los dos carburantes, pasando de los 15 c€/lt a los 17 c€/lt, con recientes episodios de subidas de hasta 18 c€/lt. Por el contrario, en el resto de la UE la evolución de los márgenes brutos se mantiene, por lo que se produce una divergencia, especialmente llamativa con relación a Francia. El patrón indica que las subidas de las cotizaciones se trasladan a los PVP’s de igual forma a la de otros países de la UE -6, pero, en cambio, las bajadas de las cotizaciones se están retrasando y no se trasladan completamente al PVP. El margen bruto en febrero de 2014 disminuyó con respecto al mes anterior para ambos carburantes. Así, en gasolina 95 el descenso fue del 4,7%, hasta situarse en 15,7 c€/lt. En el caso del gasóleo A, el margen bruto promedio fue de 16,3 c€/lt, lo que supuso una disminución del 1,3%. En todo caso, con relación a febrero de 2013, los márgenes subieron un +8,6% en gasolina 95 y un +6,5% en gasóleo. Las estaciones de servicio independientes registraron los PVP más bajos y ampliaron sus diferencias con respecto a los operadores tradicionales hasta situarse entre los 3 y 4 c€/lt para la gasolina 95 y el gasóleo A, respectivamente.

Procedimiento para solicitar a AEAT la devolución por el céntimo sanitario

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La AEAT publica un modelo de devolución del IVMDH

La Agencia Tributaria ha diseñado un modelo normalizado de uso voluntario para quienes soportaron la repercusión del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), conocido como “céntimo sanitario”, y quieran solicitar su devolción, que está disponible para su presentación a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2014 por la que se declara que dicho impuesto es contrario al derecho europeo.

El “céntimo sanitario”

El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), conocido popularmente como “céntimo sanitario” fue un impuesto vigente en nuestro ordenamiento entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2012 que gravaba, en fase única, las ventas minoristas de determinados hidrocarburos (básicamente las gasolinas, el gasóleo, el fuelóleo y el queroseno no utilizado como combustible de calefacción). Constaba de un tipo de gravamen estatal (común en todo el ámbito territorial de aplicación del impuesto) y de un tipo de gravamen autonómico facultativo. A lo largo de la vida del impuesto, 13 Comunidades Autónomas aprobaron tipos autonómicos.

Salvo en Canarias, Ceuta y Melilla, el IVMDH era un impuesto exigible en todo el territorio español (artículo 9.Dos.1 Ley 24/2001). En las CCAA donde no se había aprobado un tipo de gravamen autonómico, se aplicaba el tipo estatal. En las Comunidades Autónomas que habían aprobado un tipo de gravamen autonómico, el tipo de gravamen aplicable a cada producto gravado se formaba mediante la suma de los tipos estatal y autonómico.

Estos son los tipos en vigor durante los últimos cuatro años de vigencia del impuesto:

Céntimo sanitario por CCAA

A pesar de que el IVMDH era un impuesto de cuya gestión estaba previsto que se hicieran cargo las Comunidades Autónomas por delegación del Estado (artículo 46.1 Ley 21/2001, de 27 de diciembre, de ordenación económica, medidas fiscales y administrativas), en cada una de las Leyes de cesión de tributos a dichas comunidades se previó que la gestión continuase siendo ejercida por la AEAT hasta tanto no se procediera, a instancia de cada Comunidad Autónoma, al traspaso de los servicios adscritos a dicho tributo. Como ninguna Comunidad Autónoma instó nunca el traspaso, ha sido el Estado (la AEAT) quien ha gestionado el impuesto durante toda su vigencia en el ámbito de las Comunidades Autónomas de régimen común.

En las comunidades de régimen foral del País Vasco y Navarra, el IVMDH fue un impuesto concertado y convenido (artículo 34 Ley 12/2002 para el País Vasco y artículo 36 Ley 28/1990 para Navarra), por lo que fueron  las correspondientes administraciones forales  las encargadas de su gestión.

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DEL “CÉNTIMO SANITARIO”

  • Marco normativo

Dado que el IVMDH era objeto de autoliquidación trimestral a través del modelo 569, el procedimiento de devolución será el de rectificación de autoliquidaciones, por aplicación de los artículos 221.4 y 120.3 de la Ley General Tributaria, procedimiento que se regula en los artículos 126 a 129 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Las disposiciones generales relativas a las devoluciones de ingresos indebidos se encuentran recogidas en los artículos 14 a 16 del Reglamento General de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa.

  • Órgano competente para resolver

La oficina gestora correspondiente al domicilio fiscal del obligado tributario que presentó la autoliquidación cuya rectificación se solicita.

  • Legitimados para solicitar y obtener la devolución

Tanto los obligados a soportar la repercusión del impuesto (repercutidos) como quienes presentaron las autoliquidaciones (sujetos pasivos). No obstante, la devolución de las cuotas repercutidas se realizará, cuando proceda, directamente a quienes hubieran soportado indebidamente la repercusión, incluso aunque el procedimiento hubiera sido iniciado por los sujetos pasivos.

Aunque no es obligatorio, la Agencia tributaria considera conveniente que el solicitante repercutido haga tantas solicitudes de devolución como sujetos pasivos le hayan repercutido el impuesto en el período solicitado para facilitar la tramitación, toda vez que no puede haber dos órganos resolutorios distintos para un mismo procedimiento y, en caso de que los sujetos pasivos que ingresaron el impuesto pertenezcan al ámbito de oficinas gestoras distintas, esta separación de solicitudes deberá hacerse en sede administrativa, mediante la remisión al órgano competente de la parte que no sea competencia de la oficina gestora que está conociendo de la solicitud.

Únicamente pueden obtener la devolución de las cuotas repercutidas del IVMDH quienes tuvieran la condición de obligados a soportar la repercusión del impuesto por el período correspondiente, siempre y cuando las solicitudes cumplan con los requisitos establecidos y justifiquen su derecho a la devolución.

  • Requisitos de la solicitud
  1. Identificación del obligado tributario y, en su caso, del representante (en caso de que se actúa por medio de representante deberá aportarse la documentación acreditativa de la representación).
  2. Hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud.
  3. Lugar, fecha y firma del solicitante.
  4. Deben constar los datos que permitan identificar la autoliquidación que se pretende rectificar (NIF del sujeto pasivo que efectuó la repercusión, Comunidad Autónoma y trimestre de cada suministro por el que se solicita la devolución).
  5. Medio de devolución.
  6. Documentación en que se base la solicitud de rectificación y los justificantes, en su caso, del ingreso efectuado por el obligado tributario.
  7. Documentos justificantes de la repercusión indebidamente soportada.

El artículo 14.2.c).1º. del Reglamento de la LGT en materia de revisión en vía administrativa exige que la repercusión del importe del tributo se haya efectuado mediante factura o documento sustitutivo cuando así lo establezca la normativa reguladora del tributo. La Ley creadora del IVMDH establece que “Cuando, con arreglo a la normativa vigente, la operación gravada deba documentarse en factura o documento equivalente, la repercusión de las cuotas devengadas se efectuará en dicho documento separadamente del resto de conceptos comprendidos en la misma …”, admitiéndose autorizaciones de simplificación.
El Reglamento de facturación vigente hasta 1 de enero de 2013 (Real Decreto 1496/2003) establece que la obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante la expedición de tique y copia en ventas al por menor, cuando su importe no exceda de 3.000 euros, IVA incluido y el destinatario no sea empresario profesional.
En todo caso, en el documento utilizado (factura o documento equivalente, tique) debe figurar el importe repercutido por IVMDH, o la mención de que el IVMDH se encuentra incluido en el precio cuando esta simplificación hubiera sido previamente autorizada por el Departamento de aduanas e Impuestos Especiales.

  • Modelo normalizado de solicitud

La AEAT ha diseñado un modelo normalizado de solicitud, de utilización voluntariapara quienes hubieran soportado la repercusión del impuesto y deseen solicitar la devolución del impuesto soportado, disponible para su presentación a través de la Sede electrónica de la AEAT y sus instrucciones estarán disponibles en la web de la AEAT.

  • Lugar de presentación de la solicitud

El órgano competente para su resolución es la oficina gestora de impuestos especiales correspondiente al  domicilio fiscal del sujeto pasivo que repercutió las cuotas del IVMDH; la presentación de las solicitudes en otros registros de la AEAT distintos del órgano competente para resolver originará que el órgano que se estime incompetente para la resolución de un asunto remita las actuaciones al órgano que considere competente.
Las solicitudes también se podrán  presentar a través de la Sede electrónica de la AEAT; las que sean así presentadas y utilicen el modelo normalizado serán dirigidas automáticamente al órgano competente para su resolución.

  • Prescripción y límite a la devolución

Aplicando los plazos generales de prescripción previstos por la Ley General Tributaria,  las solicitudes que se formulen no podrán afectar a cantidades suministradas en períodos anteriores a 2010, salvo que para dichos períodos se acredite la interrupción de la prescripción.

  • Plazos

Para instar la devolución de ingresos indebidos a través del procedimiento de rectificación de autoliquidaciones no hay un plazo limitado, más allá de los plazos generales de prescripción de cuatro años de la Ley General Tributaria.
El plazo máximo para notificar la resolución de este procedimiento es de seis meses.Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución

  • Tramitación

Una vez presentada la solicitud por parte de un consumidor final que soportó la repercusión del impuesto, debe notificarse la solicitud al obligado tributario que efectuó la repercusión, que deberá comparecer en el procedimiento y aportar los documentos y antecedentes requeridos.
Intereses

Con la devolución de ingresos indebidos, la Administración tributaria abonará el correspondiente interés de demora (interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente), sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite.

  • Sanciones por solicitudes indebidas

El artículo 194 de la Ley General Tributaria tipifica específicamente la infracción consistente en solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales.

DEVOLUCIONES DE IVMDH YA REALIZADAS EN CONCEPTO DE GASÓLEO PROFESIONAL

En 2012, 8 Comunidades Autónomas (Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Navarra) aprobaron devoluciones en el tipo autonómico del IVMDH en concepto de gasóleo profesional. En aplicación del artículo 14.2.c)3º del RRVA, por el importe de estas cantidades previamente devueltas no se podrá generar un nuevo derecho a la devolución, al exigir el citado artículo que las cuotas cuya devolución se solicita no hayan sido devueltas por la Administración tributaria a quienes se repercutieron o a un tercero.

TRIBUTACIÓN DE LAS CANTIDADES QUE SE DEVUELVAN

En el caso de que el IVMDH  cuya devolución se reconoce hubiera sido deducido como gasto en el Impuesto sobre Sociedades o sobre la Renta (de las Personas Físicas o de No Residentes) del solicitante, de acuerdo con el criterio establecido en la consulta vinculante V2149-13 de la Dirección General de Tributos, las cantidades cuya devolución se reconozca deberán imputarse como ingresos en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o sobre la Renta de los ejercicios en los que se produjo la deducción como gasto fiscal de estas entidades.

La AEAT podrá establecer mecanismos voluntarios de compensación de cantidades a devolver por IVMDH con cantidades a ingresar por Renta o Sociedades,  a fin de simplificar las obligaciones materiales y formales que con relación a los impuestos directos se puedan derivar para los beneficiarios de las devoluciones del IVMDH que en su día se hubieran deducido las cantidades a devolver como gasto.

Todo ello sin perjuicio de la comprobación que la AEAT pueda realizar en los impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta

Enlace de la Sede Electrónica de la AEAT  IIEE. Devolución especial IVMDH.

Tres infografías con comparativas internacionales de precios de gasolina y diesel (El Blog Sal món)

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Link: http://www.elblogsalmon.com/sectores/tres-infografias-con-comparativas-internacionales-de-precios-de-gasolina-y-diesel

La CNMC informa sobre los efectos desfavorables de determinados cambios en la Ley del Sector de Hidrocarburos introducidos por la Ley 11/2013 y propone modificaciones

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Unknown-2En el marco de su función de promoción de la competencia y buena regulación económica, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe acerca de las modificaciones a la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos contenidas en el RDL 4/2013, posteriormente tramitado como Ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.Tal y como se justifica en su exposición de motivos, y teniendo en cuenta la escasa competencia en el mercado de distribución de carburantes, la Ley 11/2013 introduce en la normativa sectorial (Ley de Hidrocarburos) nuevas reglas para los contratos de suministro al por menor en exclusiva, al considerarse éstos una de las principales barreras de entrada y expansión en España de operadores alternativos.

En concreto, la Ley 11/2013 establece con un nuevo art. 43 bis en la Ley del Sector de Hidrocarburos dos limitaciones a este tipo de contratos: (a) duración máxima del contrato de un año prorrogable hasta un máximo de 3 años, y (b) prohibición de cláusulas que fijen, recomienden o incidan, directa o indirectamente, en el precio de venta al público del combustible, bajo pena de nulidad de pleno derecho en ambos casos. Por otro lado la Disposición Adicional 4a de la Ley 11/2013 establece un periodo de adaptación a la normativa de 12 meses para cumplir con los nuevos requisitos.

En términos generales, la CNMC valora favorablemente estos nuevos requisitos, que van más allá de las pautas generales de la normativa de competencia, dada la situación competitiva especial del sector.

Sin embargo, en la tramitación parlamentaria de la Ley se añadió el apartado cuarto del artículo 43 bis que vendría a exceptuar de las nuevas reglas los casos en los que “los bienes o servicios contractuales sean vendidos por el comprador desde locales y terrenos que sean de plena propiedad del proveedor”. Además , la Disposición Adicional que regula el periodo transitorio también exceptúa del plazo de adaptación a otra serie de contratos, que no habían sido excluidos expresamente por el apartado 4: “cuando el proveedor tenga en vigor un contrato de arrendamiento de los locales o terrenos u ostente un derecho real limitado respecto a terceros siempre y cuando la duración de los contratos de suministro en exclusiva no exceda de la duración del contrato de arrendamiento o derecho real sobre los locales o terrenos”

En opinión de la CNMC, si bien resulta justificado a la luz de la normativa de competencia la excepción introducida en el nuevo párrafo en relación con una de las limitaciones previstas (la relativa a la duración máxima), no lo es en relación con la otra limitación (prohibición de que se incluyan cláusulas que fijen, recomienden o incidan en el precio).

Se recomienda, en consecuencia, la modificación del párrafo introducido con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica de la reforma, eliminar elementos de incertidumbre y promover la competencia efectiva en el mercado minorista de distribución de hidrocarburos de forma alineada con el objetivo de la norma.

En cualquiera de los casos, la CNMC recuerda que la compatibilidad con la normativa sectorial nacional no excluye de la necesaria observancia de la normativa española y comunitaria de defensa de la competencia.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados y que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC, en aplicación del artículo 5.1.f) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC.

Acceso al Informe Propuesta de la CNMC en relación con la modificación del Artículo 43 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos 

La UE dictamina que el ‘céntimo sanitario’ vulnera la legislación

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España podría tener que devolver 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que el ‘céntimo sanitario’ -el impuesto sobre los carburantes que aplicaban algunas comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinaban a financiar la sanidad- vulnera la legislación comunitaria.

Los jueces señalan que “no procede limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia, ya que el Gobierno español y la Generalitat de Catalunya no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de diez años”. Ello significa que se abre la vía para que los afectados puedan reclamar la devolución de los 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente entre 2002 y 2011, según las estimaciones de las propias autoridades españolas.

El fallo responde a un litigio iniciado por una empresa de transporte establecida en Cataluña. La compañía solicitó que se le devolvieran los 45.000 euros que tuvo que pagar por este impuesto alegando que era ilegal. El caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había pedido a la justicia europea que se pronunciara.

El gravamen en cuestión es el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), que estaba destinado a financiar las nuevas competencias transferidas a las comunidades autónomas en materia sanitaria, además de actuaciones medioambientales. Estuvo en vigor entre el 1 de enero de 2002 y el 1 de enero de 2013, fecha en la que se integró en el impuesto especial sobre los hidrocarburos.

En su sentencia de este jueves, el Tribunal declara que el ‘céntimo sanitario’ es contrario a la directiva de la UE sobre los impuestos especiales, ya que no cumple el principal requisito exigido a un gravamen de este tipo: perseguir una finalidad específica.

En este sentido, señala que lo recaudado por el céntimo sanitario se destina a las comunidades autónomas para que éstas financien el ejercicio de algunas de sus competencias. “Pues bien, el aumento de la autonomía de un ente territorial mediante el reconocimiento de una potestad tributaria constituye un objetivo puramente presupuestario, que no puede, por sí solo, constituir una finalidad específica”, afirma el Tribunal.

Según los jueces, para considerar que persigue una finalidad específica, el debería tener por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente. “Tal sería el caso, en particular, si los rendimientos de dicho impuesto debieran utilizarse obligatoriamente para reducir los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de los hidrocarburos que grava dicho impuesto”, apunta el fallo.

Sin embargo, las comunidades autónomas destinan la recaudación “a los gastos sanitarios en general, y no a los vinculados específicamente al consumo de los hidrocarburos gravados”. Además, la norma española no establece ningún mecanismo de afectación predeterminada a fines medioambientales, denuncian los jueces.

NO HA HABIDO BUENA FE POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS

La Generalitat de Catalunya y el Gobierno español solicitaron al Tribunal de Justicia que limitara los efectos en el tiempo de esta sentencia en el supuesto de que fuera desfavorable. Alegaron en particular que el céntimo sanitario ha dado lugar a una gran cantidad de litigios y que la obligación de devolverlo “pone en peligro la financiación de la sanidad pública en las comunidades autónomas”.

El Tribunal de Justicia ha desestimado esta petición argumentando que “no puede admitirse que la Generalitat de Catalunya y el Gobierno español hayan actuado de buena fe al mantener el IVMDH en vigor durante un período de más de diez años”.

El fallo recuerda que en el año 2000 la justicia europea ya se pronunció sobre un impuesto con características análogas. Además, en 2001, la Comisión había informado a las autoridades españolas de que la introducción de dicho impuesto sería contraria al Derecho de la Unión. Por otro lado, en 2003 (el año siguiente a la entrada en vigor del IVMDH), la Comisión inició un procedimiento de incumplimiento contra España en relación con dicho impuesto.

El Tribunal de Justicia recuerda que, según reiterada jurisprudencia, las consecuencias financieras que podrían derivarse para un Estado miembro de una sentencia dictada con carácter prejudicial no justifican, por sí solas, la limitación en el tiempo de los efectos de esa sentencia.

“Si ello no fuera así, las violaciones más graves recibirían el trato más favorable, en la medida en que son éstas las que pueden entrañar las consecuencias económicas más cuantiosas para los Estados miembros. Además, limitar los efectos de una sentencia en el tiempo basándose únicamente en consideraciones de este tipo redundaría en un menoscabo sustancial de la protección jurisdiccional de los derechos que la normativa fiscal de la Unión confiere a los contribuyentes”, concluye el fallo.

Documentos:

Comunicado de prensa del TJUE

Sentencia