Comunicación del Sr. Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Mad rid promoviendo el gas frente al gasóleo, con ocasión de las revisiones por eficiencia energ ética a las instalaciones térmicas de edificios.

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Por el Presidente de la Asociación Madrileña de Distribuidores de Carburantes y Combustibles (AMADIS), D. Mariano Monjas Hernández, se nos traslada la solicitud de una opinión jurídica fundamentada acerca de carta remitida por el Sr. Director General de Industria, Energía y Minas de la CAM promoviendo el gas frente al gasóleo, con ocasión de la comunicación de las revisiones por eficiencia energética a las instalaciones térmicas de edificios, por cuanto entiende que supone de forma injustificada un ataque a los productos que su empresa y los asociados de su asociación comercializan (gasóleo de calefacción entre otros).

En particular se pone resalta el contenido de la carta desde el 4º párrafo hasta el final, que a criterio del solicitante resulta un panegírico sobre el gas natural del Sr. Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, enfrentándolo groseramente, sin argumentos e injustificadamente frente a los productos petrolíferos usados para calefacción (gasóleo).

El análisis de la mencionada carta ha de partir, necesariamente, de los derechos y sistemas económicos que orientan nuestra economía y de las actividades posibles de dirección, promoción, y/o planificación de los poderes públicos, dado el objeto de la carta, al efecto de determinar la legalidad o no del contenido y forma de la misma.

En este sentido, el artículo 38 de la Constitución Española de 1978 reconoce expresamente “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado” y obliga a los poderes públicos a proteger su ejercicio “de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”. El precepto bien puede considerarse como el núcleo de las cláusulas económicas de la Constitución en cuanto hace referencia al modelo de economía de mercado. Los derechos cuyo reconocimiento es obligado en una economía de mercado son, además de la libertad de empresa, el derecho a trabajar y a elegir libremente la profesión u oficio (art. 35 CE), el derecho a la propiedad privada y la herencia (art. 33 CE) y la libertad contractual (art. 10 CE). Dicho lo cual, y en general, la libertad de empresa encuentra su fundamento último en idénticas valoraciones a las que fundamentan los demás derechos individuales que tienen la estructura de libertades: asegurar a los individuos una esfera de actuación libre de injerencias estatales. Su función específica es –junto a las restantes libertades económicas– la de garantizar la independencia de los ciudadanos permitiéndoles “ganarse la vida” de forma autónoma respecto del Estado. Como libertad individual es, fundamentalmente, una libertad frente al Estado y no frente a otros particulares que, por lo tanto, no están vinculados por el derecho fundamental del otro empresario.

Por otra parte, la Constitución española también recoge los títulos que atribuye a los poderes públicos para intervenir en el mercado, regularlo y suprimirlo. Así, mientras el artículo 33 consagra la libertad de propiedad, el artículo 128.1 somete toda la riqueza del país al “interés general”; mientras el artículo 38 reconoce y protege la libertad de empresa, el artículo 128.2 reconoce el derecho del Estado a desarrollar actividades económicas en competencia con los particulares; su derecho a reservarse sectores enteros de la economía y a intervenir las empresas privadas cuando el interés general, nuevamente, así lo requiera. De esta ordenación se deducen dos conclusiones claras. La primera es que los únicos titulares del derecho fundamental a la libertad de empresa son los particulares. Cuando el Estado ejerce la “iniciativa económica pública” no ejerce ningún derecho fundamental a la libertad de empresa. Los poderes públicos no son titulares ni de este ni de ningún otro derecho fundamental. define claramente la preeminencia de las libertades económicas sobre la legitimidad de la intervención estatal.

Es por ello, pues, como es en el caso examinado de la carta remitida por el Sr. Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid que puede decirse rotundamente, que siendo más vehículo de expresiones que pertenecen al discurso público dando publicidad y promoción a un producto frente a otro, es inconstitucional, ilegal e ilegítimo.

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