Petroleras como Repsol están liquidando activos a precio de saldo, y se los compran los que quieren ganar el último euro con el petróleo

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La transición energética es un hecho desde hace ya algunos años. No sin el gran riesgo de pinchar la burbuja de carbono, la descarbonización de nuestras Socioeconomías fue el objetivo originario a conseguir antes de que fuese demasiado tarde (y opciones hay de que ya lo sea). La huida del oro negro es la única vía de escape para no pocos agentes socioeconómicos, siendo además el sector marítimo es su último y más encarnizado campo de batalla hoy por hoy.

Y entre estos últimos se cuentan incluso algunas grandes petroleras, que hace ya años que les analizamos que habían optado visionariamente por coger el toro por los cuernos y transformarse de arriba abajo, en medio de lo que denominamos en su momento como la guerra del petróleo que ya está aquí, y que sigue su inexorable curso conforme el tablero geoestratégico del petróleo va cambiando la posición de sus piezas.

Ahora bastantes de esas petroleras están ya vendiendo parte de sus activos petrolíferos precio de saldo, y entre ellas están gigantes petroleros internacionales como la española Repsol. Pero ahora bien, si ellos venden… ¿Quién está saliendo de compras por el mundo adquiriéndoles esos activos que ponen casi desesperadamente a la venta?

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La demanda de carburantes en España registra caída histórica en 2020

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La demanda de carburantes en España ha registrado una caída histórica en 2020, situándose en niveles de los años 90 debido a la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con el informe anual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio correspondiente al año 2020 publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los precios de venta al público se situaron en los niveles más bajos de la década.

En 2020, la demanda de gasolina 95 y la del gasóleo A en España  sumaron en conjunto una caída del 17,1% y se situaron en niveles característicos de la década de los años 90 debido a la pandemia del coronavirus y a sus consecuencias económicas.

Los precios de venta al público se han reducido hasta los 1,2 euros por litro (-9,3%) para la gasolina 95 y los 1,1 euros por litro (-11,7%) para el gasóleo A en promedio anual.

El descenso fue inferior al registrado por los productos de referencia (gasolina y gasóleo) en los mercados internacionales.

De acuerdo con lo que ha señalado la CNMC, esto se explica porque «la subida en el margen bruto de distribución en España, es decir, la diferencia entre el precio antes de impuestos y la cotización internacional, se ha situado en máximos históricos: 25 céntimos de euro por litro para la gasolina 95 y 24 céntimos de euro por litro para el gasóleo A, en promedio anual».

Además, los analistas han destacado que los diferenciales de precios y márgenes brutos con Europa se han ampliado.

Desde la CNMC han explicado que los precios de los carburantes en España responden a un nivel de competencia mejorable y a una serie de factores estructurales propios del mercado local.

Además, en el informe publicado, la CNMC ofrece varias recomendaciones para mejorar la competencia y la supervisión del mercado, entre las que destaca que la normativa no ponga barreras a la instalación de estaciones de servicio más eficientes en costes que no se justifiquen por razones de interés general.

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

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El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que establece el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Este cambio normativo actualiza las condiciones técnicas y administrativas del proceso para la certificación energética de los edificios y responde a la adecuación de la normativa española a las nuevas necesidades y retos adquiridos para alcanzar el objetivo de descarbonización a 2050.

El Certificado de Eficiencia Energética recoge la información más relevante sobre la situación energética de cada inmueble y desempeña un papel estratégico en la mejora de la calidad de la información energética y la valoración de su rendimiento, elementos clave para evaluar la toma de decisiones que afecten al edificio.

Este Real Decreto regula la metodología y definiciones técnicas para el cálculo de la calificación energética, así como la documentación exigible para tramitar la certificación energética de los edificios. Además, fija el contenido mínimo del Certificado de Eficiencia Energética y las condiciones para obtener la etiqueta de eficiencia energética de los edificios.

La norma, que adapta la certificación energética a la normativa europea mediante la transposición parcial de la Directiva 2018/844, actualiza las obligaciones de los promotores y los propietarios de edificios en cuanto a las características técnicas que deben cumplir los inmuebles en materia de certificación energética, tanto en relación con los proyectos de edificación como con las obras terminadas.

Mayor eficiencia, transparencia y control

El real decreto promueve la activación de medidas de mejora de la eficiencia energética de los edificios, en línea con los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que establece como objetivo a 2030 la rehabilitación de 1.200.000 viviendas reduciendo la dependencia energética y las emisiones de los edificios.

Al mismo tiempo, este cambio normativo será clave para la promoción y puesta en marcha de medidas de mejora de la eficiencia energética de los edificios, a través de las actuaciones en materia de rehabilitación de vivienda, regeneración urbana y modernización de la Administración Pública contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La aprobación de esta norma también tiene el objetivo de mejorar la transparencia en la información a compradores y usuarios mediante el Certificado de Eficiencia Energética de edificios y el nuevo Registro Administrativo Centralizado de informes de evaluación energética, que recogerá la información remitida por las comunidades autónomas en esta materia.

De igual manera, se incorporan mejoras en aspectos de digitalización y acceso de la información relativa a la energía edificatoria, dinamizando y permitiendo impulsar las actuaciones de rehabilitación energética de los edificios.

Asimismo, este real decreto actualizará los mecanismos de seguimiento y control por parte de las administraciones públicas, agentes del sector y usuarios, a través de la Comisión asesora para la certificación de eficiencia energética de los edificios.

Ampliación de la certificación obligatoria

La aprobación de este real decreto amplía el parque de edificios obligados a disponer de una certificación de eficiencia energética. De esta manera, aquellas construcciones con una superficie útil total superior a 500 m2 y destinadas a un uso administrativo, sanitario, comercial, residencial público, docente, cultural, recreativo, logístico, hostelero o deportivo deberán tener su Certificado de Eficiencia Energética.

Lo mismo ocurre con los edificios ocupados por una administración pública con una superficie útil total superior a 250 m2, independientemente de la frecuencia y afluencia de público en el mismo. Se trata de una medida que supera los mínimos exigidos a nivel comunitario, en línea con el compromiso de la Administración Pública con la eficiencia energética de los edificios.

A su vez, aquellos inmuebles que deban pasar obligatoriamente la Inspección Técnica del Edificio (ITE) y rehabilitaciones energéticas en los próximos años también estarán obligados a disponer de esta certificación de eficiencia energética.

Actualización y mejora de procedimientos

La aplicación del real decreto regula las visitas presenciales de los técnicos competentes, que deberán revisar al menos una vez cada edificio para verificar las condiciones de eficiencia energética para emitir el certificado.

La nueva norma distingue entre certificación de eficiencia energética de proyecto y de obra terminada, al tiempo que reduce de 10 años a 5 años el periodo de validez de los certificados de peor calificación energética. Además, se establece también la obligación, tanto de particulares como de empresas, de mostrar la calificación energética en la publicidad de alquiler o venta de los edificios.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/01/390/dof/spa/pdf

Modificación de la Ley de Impuestos Especiales

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El Gobierno ha analizado en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de Impuestos Especiales y otras normas tributarias, que ahora será sometido al trámite de información pública.

El texto transpone tres directivas europeas, como los procedimientos que se recogen en el Código Aduanero de la Unión Europea, y avanza en la coordinación de los procedimientos y de los impuestos especiales.

Como novedad, ha destacado Montero, se refuerza el control para atajar una modalidad de fraude en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos que consiste en realizar pequeñas modificaciones en la composición de los carburantes, especialmente el gasóleo, para evitar el pago del gravamen.

Real Decreto 205/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los biocarburantes, y se regulan los objetivos de venta o consumo de biocarburantes para los años 2021 y 2022.

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El fomento del uso de biocarburantes como fuente renovable de energía constituye una de las vías de actuación en el marco nacional y europeo en la transición energética hacia la descarbonización de la economía. La implementación de objetivos anuales de venta o consumo de biocarburantes, con la promoción específica de los biocarburantes avanzados y aquellos que reduzcan al máximo las consecuencias del cambio directo e indirecto del uso de la tierra, ha venido contemplándose como una medida eficaz de transición hacia vías renovables de suministro de combustible, especialmente en el sector del transporte, recogiéndose su importancia tanto en el compendio normativo de fomento de las energías renovables impulsado desde la Unión Europea, como recientemente a nivel nacional en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para el periodo 2021-2030.

Esta medida de fomento administrativo se consolida en la actualidad sobre la base de una importante batería de antecedentes legislativos, partiendo de la norma referencial en la materia, la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, que estableció en su disposición adicional decimosexta la implementación de objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte hasta el año 2010, habilitando al Gobierno a modificar dichos objetivos, así como a establecer objetivos adicionales.

Ver documento completo: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5034

El Supremo decidirá si devuelve 5.000 millones en impuestos de hidrocarburos

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El Tribunal Supremo decidirá sobre la devolución del tramo autonómico del Impuesto especial de hidrocarburos, el heredero del céntimo sanitario. Según explican desde Fide Tax & Legal, la decisión del Alto tribunal puede abrir la puerta a devoluciones de entre 4.000 y 5.000 millones de euros en un conflicto que se viene arrastrando desde el año 2013 y que siguen atentamente tanto las grandes petroleras, las estaciones de servicio como las empresas de transporte.

El Abogado del Estado presentó el 15 de enero de 2020 un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que se reconocía el derecho a reclamar ante la Oficina gestora de Impuestos especiales de Málaga la devolución de dicho tramo autonómico.

El Supremo acaba de dictar ahora un auto en el que considera que “el asunto ya presenta un interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia” y porque “afecta a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso y porque nos encontramos ante una cuestión que necesita de un pronunciamiento de este Tribunal Supremo que esclarezca los interrogantes suscitados por la administración recurrente, sobre la legitimación del consumidor final, a quien se le ha repercutido el impuesto no por disposición u obligación legal sino por decisión unilateral de la persona o entidad titular de la estación de servicio, para solicitar la devolución de ingresos indebidos de las cuotas ingresadas en concepto de IEH”.

Básicamente, el Tribunal Supremo quiere dar respuesta a la cuestión nuclear de determinar si un consumidor final está legitimado para solicitar la devolución de eventuales ingresos indebidos en el caso de que las cuotas ingresadas fueran devengadas por el Impuesto sobre Hidrocarburos.

El Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos -el conocido como céntimo sanitario- fue derogado el 29 de junio de 2012, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia, declarándolo contrario a la legislación europea el 27 de febrero de 2014.

Para no eliminarlo completamente, el 1 de enero de 2013 entró en vigor la modificación en la que se estableció un tipo estatal y uno autonómico. El tramo estatal tenía a su vez un tipo general y un tipo especial, cediéndose a las comunidades autónomas el 58% del tipo general y la totalidad del tipo especial, así como la recaudación del autonómico. Y en 2019 los tramos autonómicos se homogeneizaron para evitar estos problemas legales.

Según un informe elaborado por Fide, “en la práctica esta maniobra legislativa tuvo como único fin la reubicación del IVMDH -el céntimo sanitario- dentro del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos” y concluyen que esta regulación “es contraria a la normativa comunitaria en materia de impuestos especiales”.

La reclamación de este impuesto, al no resultar prácticamente en ningún caso finalista, corresponde a los llamados “sujetos pasivos”, pero su coste se traslada a los consumidores en el precio del carburante en las estaciones de servicio.

Ver en https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11025863/02/21/El-Supremo-decidira-si-devuelve-5000-millones-en-impuestos-de-hidrocarburos-.html