Los españoles gastan 1.185 euros en carburantes al año feedly

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Mapa de la distribución del gasto de carburante en España

Mapa de la distribución del gasto de carburante en EspañaAIS Group

Baleares es la comunidad en la que más dinero se gasta en carburantes y lubricantes, con una media de 1.485 euros, Aragón y País Vasco los que menos, por debajo de los 1.000 euros anuales

Las familias españolas gastaron de media 1.185 euros en carburantes y lubricantes en 2015, lo que supone una bajada del 9 por ciento con respecto al año anterior, alrededor de 110 euros menos, según los datos de la última actualización de los indicadores Habits Big Data elaborados por la empresa AIS Group.

Baleares se sitúa como la comunidad en la que las familias gastan más dinero en combustible para sus vehículos con cifras que ascienden a los 1.485 euros anuales, superando la media en 300 euros.

Por otra parte, aragoneses y vascos son los que menos dinero gastan en combustible, especialmente Teruel, Zaragoza, Huesca y Álava en las que la media se encuentra por debajo de los 1.000 euros al año.

Madrid y Barcelona se sitúan por debajo de la media con gastos de 1.030 euros y 835 euros, respectivamente

Al índice de gasto balear le siguen A Coruña, con un gasto medio de 1.450 euros,Toledo, con 1.425 euros y Murcia con 1.390 euros por familia.

Plasencia, Las Palmas, Jaén y Tenerife son las zonas que más se acercan a la media nacional. Igual tendencia siguen otras localidades andaluzas como Cádiz (1.173 euros) y Almería (1.198 euros).

El análisis refleja una tendencia general a la reducción del gasto familiar en estos productos más acusada que en otros años, pasando de un consumo medio de 1.410 euros al año en 2012 a la cifra actual de 1.185 euros, lo que supone una caída del 16 por ciento.

Huesca ha sido la provincia en la que más se ha reducido la inversión en carburantes en relación a 2014, con una depreciación cercana al 20 por ciento. Por el contrario, en Burgos el gasto ha aumentado en un 6 por ciento, aproximadamente 70 euros más al año, siendo la única localidad en la que se han obtenido datos superiores.

Los grandes núcleos urbanos gastan menos

Teniendo en cuenta las localidades con más de 10.000 habitantes, algunos municipios de A Coruña, Pontevedra, Baleares y Valladolid llegan a superar los 2.000 euros anuales por familia en combustible.

Cáceres es la capital de provincia con mayor volumen de gasto en carburantes, sumando 1.450 euros de media por familia.

En el otro extremo, las familias que viven en grandes núcleos urbanos tienen un gasto medio inferior, como es el caso de Bilbao, la ciudad que menos gasta en carburantes de toda España, 715 euros de media, seguida por Ourense con una inversión del presupuesto familiar de 723 euros y San Sebastián con 725 euros.

Madrid y Barcelona se sitúan por debajo de la media con gastos de 1.030 euros y 835 euros, respectivamente.

Índice Habits Big Data

El índice Habits Big Data segmenta por rasgos sociodemográficos y económicos a las familias españolas para conocer el volumen y perfil de gasto en cada tipología relacionada con el hogar, por microzonas, explica la empresa de consultoría responsable.

De esta manera se definen los tipos de familia y los sitúa geográficamente, consiguiendo también otros datos sobre el paro, información catastral y datos relacionados con la vivienda como el precio medio del m2 en cada zona, además de conocer detalles sobre la climatología.

Con este estudio AIS Group pretende que las compañías conozcan a sus clientes reales y potenciales para poder tomar decisiones adecuadas intentando maximizar las probabilidades de éxito.

Competencia retoma su cruzada contra las grandes petroleras

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Competencia tiene a las grandes petroleras entre ceja y ceja. El año pasado, multó a Repsol por pacto de precios y emitió varios informes culpando a la compañía presidida por Antoni Brufau, así como a Cepsa y BP, de limitar la competencia. Ahora, ha vuelto a la carga con una defensa a capa y espada de las estaciones de servicio low cost.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe en el que defiende los beneficios de las estaciones de servicio desatendidas para los consumidores y la competencia, y ha pedido a las administraciones que levanten las trabas para este tipo de gasolineras.

Las estaciones de servicio sin personal suelen pertenecer a grupos de distribución que ubican gasolineras junto a sus hipermercados, cooperativas agrarias o pequeñas empresas y ofrecen un servicio low cost: es autoservicio, pero más barato.

Este concepto choca con la apuesta de las grandes del sector, de ofrecer más valor añadido, por lo que la recomendación de la CNMC ataca su negocio, en especial el de Repsol, principal operador en España. La compañía ha rehusado hacer comentarios al respecto del informe de Competencia.

Beneficios para los consumidores

La CNMC asegura en su informe que la competencia que han supuesto las estaciones de servicio sin personal “no ha originado mayores riesgos para la seguridad del usuario y sí ha reportado beneficios para los consumidores en términos de variedad, innovación y, especialmente, menores precios”.

Por ello, considera “especialmente injustificada” la obligación de algunas Comunidades Autónomas de contar con al menos una persona. En concreto, se ha regulado, o se pretende regular, en nueve CCAA: Madrid, Navarra, Asturias, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia y la Comunitat Valenciana.

De acuerdo con esta opinión, Competencia recomienda “eliminar toda disposición normativa, en proceso o en vigor, que prohíba o discrimine, de forma directa o indirecta, las gasolineras automáticas o desatendidas”. Cree que estas restricciones son “especialmente perjudiciales para la competencia”. Además, pide levantar límites al volumen de carburante que las cooperativas agrarias pueden vender a los no socios.

En el informe, la CNMC se muestra favorable a la aparición de nuevos formatos de estaciones de servicio y pide “potenciar un marco normativo que fomente la aparición de nuevos competidores e incremente el bienestar de los consumidores finales”.

http://www.economiadigital.es/es/notices/2016/08/competencia-retoma-su-cruzada-contra-las-grandes-petroleras-85726.php

La importancia de las asociaciones para el pequeño comercio

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hoguera alicante

La unión hace la fuerza. El pequeño comercio siempre ha tenido que lidiar con diversos problemas y cambios: ampliación de horarios, apertura de grandes superficies, la crisis económica, etcétera.

Aquí es donde entra en juego la asociación de pequeños comerciantes que ahora más que nunca sirve para lograr objetivos que en solitario resultarían más difíciles de conseguir.

Qué mejor manera de defender los intereses y derechos del pequeño y mediano comercio que uniéndose a un grupo que persigue mejorar la imagen y presencia de estos establecimientos.

Ventajas de ser asociado

  • Las instituciones públicas tendrán más presentes las reivindicaciones
  • Servicios, asesoramiento,ofertas que impliquen una reducción de los costes y mejora de los márgenes
  • Compartir gastos
  • Lograr una mayor visibilidad gracias a acciones que promocionen el barrio y atraigan a los clientes
  • Presencia en las redes sociales y en la página web de la asociación
  • Participación en cursos de formación gratuitos
  • Acceso a información relevante (festivos donde se puede abrir, subvenciones al pequeño comercio, concursos…)

Las asociaciones suelen estar presentes en los principales foros que afectan al comercio. Gracias a ello, la presión y eficacia en las reivindicaciones cobran mayor fuerza y visibilidad.

En periodos de fiestas locales, es importante la visibilidad de la marca para animar al consumidor a realizar sus compras en las tiendas de toda la vida, para ello, la implicación resulta fundamental.

Por ejemplo, en Alicante en plenas fiestas de Hogueras, una de las asociaciones más longevas, ha aprovechado el contexto para difundir la no apertura de un macrocentro que perjudicaría a este sector.

Hacia una prohibición de los combustibles fósiles por Enrique Dans

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Los cuatro partidos principales de Noruega, tanto de izquierdas como de derechas, acuerdan poner en marcha una nueva política energética que conllevará una prohibición de la venta de vehículos propulsados por combustibles fósiles, tanto gasoil como gasolina, en el año 2025. A partir de ese año, todos los vehículos nuevos vendidos en el país deberán ser totalmente eléctricos (no híbridos) o propulsados por hidrógeno.

La iniciativa noruega, que ha sido saludada con entusiasmo en Twitter por el fundador deTesla, Elon Musk, que vendió más de cincuenta mil de sus vehículos en el país durante el año 2015 y se enfrenta a un 2016 en el que las ventas de vehículos eléctricos, que suponen un 30% sobre el total del parque automovilístico, aumentan por encima del 24%. Noruega es el único país del mundo en el que el Model S de la compañía ha llegado a ser número uno en ventas de vehículos nuevos.

…………….

Seguir leyendo el post en: https://www.enriquedans.com/2016/06/hacia-una-prohibicion-de-los-combustibles-fosiles.html

Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de la Ley 22/2011 , de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

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El anexo II de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas establece una lista no exhaustiva de operaciones de valorización de residuos.

Entre esas operaciones de valorización, la operación R1 (Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía) se aplica a los residuos que sustituyen al combustible o a otro modo de producir energía, y se incluyen aquí las instalaciones de incineración destinadas al tratamiento de residuos sólidos urbanos solo cuando su eficiencia energética alcance el umbral establecido utilizando la fórmula de eficiencia energética (fórmula R1) a que se hace referencia en el anexo II de la Directiva 2008/98/CE…….

Ver disposición http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4507

Saludos,

Enrique Catalina Esteban

http://about.me/ajuece

Las gasolineras ‘low cost’ llevan a la UE su guerra con las CCAA

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Estas instalaciones ofrecen un descuento medio de seis céntimos por litro de carburante

Repsol y Cepsa se suman al ‘low cost’

12/04/2016 03:03

Las gasolineras desatendidas, conocidas popularmente como fantasmas por la ausencia de personal en la instalación o low cost por sus bajos precios, preparan ya una dura batalla contra la normativa autonómica que, según denuncian, frena su desarrollo y atenaza su cuota de mercado.

Las principales marcas que operan este tipo de establecimientos han decidido asociarse para denunciar ante la Comisión Europea la violación del Tratado de Funcionamiento de la Unión en lo que se refiere a las restricciones para la apertura de establecimientos comerciales.

Además, estas gasolineras -a través de la nueva asociación Aesae– meditan denunciar de forma interna ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) el incumplimiento por parte de algunas autonomías de las Leyes 17/2009 y 20/2013, que regulan el libre acceso a mercados de servicios.

Las gasolineras desatendidas van a denunciar, en concreto, la normativa aprobada en cinco autonomías que las obliga a tener una persona contratada “responsable de los servicios que en ella se presten”, lo que a su juicio supone una restricción en la extensión de su modelo de negocio. Estos establecimientos han reaccionado después de que Murcia y Baleares prohibieran el pasado año las instalaciones desatendidas, sumándose a otras regiones como Castilla-La Mancha, Navarra o Valencia.

El objetivo es evitar que el resto de autonomías se sumen a las prohibiciones con “normativas espejo” por la presión de asociaciones de consumidores, petroleras, gasolineros y sindicatos. Estos últimos advierten de que su proliferación amenaza a cerca de 10.000 empleos en el sector. En el caso de Madrid, el parlamento regional ha solicitado al Gobierno que obligue a todas las gasolineras de la región a tener al menos una persona para atender a los conductores.

En España hay ahora mismo instaladas alrededor de cuatrocientas estaciones de servicio desatendidas. Estos establecimientos han logrado crecer en los últimos años al amparo del impulso normativo dado en 2013 por el Gobierno para facilitar la apertura de instalaciones de este tipo y elevar la competencia en el mercado de los carburantes. Ballenoil y Petroprix son las principales cadenas de gasolineras desatendidas, con 69 y 26 centros de suministro, respectivamente, repartidos por distintas provincias del país. Repsol y Cepsa, las dos principales petroleras por cuota de mercado, también se han lanzado al modelo low cost con la apertura de una treintena de gasolineras.

Además de las menores barreras burocráticas a su apertura, el crecimiento de estos puntos de suministro está apoyado en un cliente que prefiere pagar menos por el carburante y renunciar a otros servicios tradicionales como la tienda o la atención en el surtidor. La filosofía de estas gasolineras es: llegar, repostar y pagar con una tarjeta de crédito en el mismo surtidor.

A cambio, los precios de la gasolina y el gasóleo en estos puntos son de media 6 céntimos por litro inferiores a la media del parque nacional, según la estadística de precios del Ministerio de Industria. Esto equivaldría a un descuento aproximado de tres euros por repostaje para un vehículo medio con un depósito de 50 litros. Extrapolado a la media de 984 litros de carburante que consume un hogar español al año, el ahorro rondaría los 60 euros con respecto al coste medio del conjunto del parque gasolinero.

El plan de las gasolineras desatendidas pasa por hacerse a medio plazo con un 10% del mercado, una cifra equivalente a cerca de 1.000 establecimientos. El crecimiento pasaría por la apertura de nuevos puntos de suministro y la sustitución de algunos de los ya existentes, en un mercado que no ha parado de crecer durante la crisis a pesar de la contracción del consumo.

Las estaciones de servicio desatendidas ya superan la barrera del 10% en Francia, un mercado altamente competitivo dominado por grandes hipermercados como Carrefour o Lecrerc. En Bélgica la cifra asciende al 20%, mientras que en Dinamarca o Suiza más de la mitad de los combustibles vendidos es a través de estas instalaciones, explica Aesae.

La patronal destaca que estas instalaciones cumplen con todas las normativas de seguridad, justo en un momento en el que Industria está trabajando en una nueva legislación que endurecerá las garantías de funcionamiento. En lo que se refiere a la amenaza de destrucción de empleo, Aesae destaca que su contribución al ahorro de los hogares se transformaría en mayor consumo en otras actividades.

http://www.elmundo.es/economia/2016/04/12/570bef8c268e3e570a8b461f.html

La devolución del céntimo sanitario

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Hace justo dos años el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Sentencia de 27 de febrero de 2014, declaró que este Impuesto vulneraba la legislación comunitaria y en concreto la Directiva comunitaria sobre los Impuestos Especiales.

Tras esta Sentencia, la Agencia Tributaria respondió a través de su web a una serie de Preguntas y publicó en su sede electrónica el Modelo de solicitud de devolución: Modelo y preguntas frecuentes sobre la devolución del céntimo sanitario.

Los afectados, especialmente transportistas, reclamaron la devolución de los 13.000 millones recaudados entre 2002 y 2011, pero la cantidad a devolver resultó muy inferior por la prescripción de muchos de los ejercicios en los que se aplicó el impuesto -de 2002 al tercer trimestre de 2009-.

La solicitud de la devolución del céntimo sanitario abonado entre el 1-1-2002 y el 31-12-2009, correspondería con períodos prescritos si nos atenemos a los plazos establecidos en la LGT y por ello no podrían recuperarse por la vía del procedimiento de devolución de ingresos indebidos.

Sin embargo, cabría la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración por vulneración del Derecho comunitario debiendo presentarse la reclamación, con carácter previo ante el Consejo de Ministros, en el plazo de un año desde la publicación de la Sentencia del TJUE en el DOUE, siendo la fecha límite el 27 de febrero de 2015.

Una vez agotada la vía administrativa, si la resolución fuera desestimatoria, como ocurrió, hubo que acudir a la vía judicial, en la jurisdicción contencioso-administrativa, estando exentos de tasas los recursos que se interpongan contra desestimaciones presuntas por el transcurso de seis meses sin haberse dictado resolución administrativa expresa.

Recientemente, el Tribunal Supremo ha estimado los primeros contencioso-administrativos de reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado por el céntimo sanitario: una Sentencia de 27 de enero 2016 y dos Sentencias de 18 de febrero de 2016, 351/2016 y 350/2016.

Al estimar estos recursos, el Supremo anula las decisiones del Consejo de Ministros y reconoce de manera expresa el derecho de la devolución de las cantidades solicitadas, sin que haya necesidad de que la Administración tenga que comprobar en vía administrativa la conformidad de la cantidad solicitada. Además, reconoce los intereses legales de la cantidad reclamada desde el día de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de la sentencia.

La Administración General del Estado deberá indemnizar a los reclamantes por la suma de todas las cantidades abonadas durante la vigencia del céntimo sanitario y reclamadas en los recursos. Podrán restarse las cantidades que, en el momento de efectuarse el pago de la indemnización por responsabilidad, los demandantes ya hubieran percibido por devolución de ingresos indebidos. También podrán restarse las cantidades percibidas por las devoluciones del tramo autonómico.

EL TS ESTABLECE QUE EL ESTADO DEBERÁ INDEMNIZAR A LOS PERJUDICADOS POR LAS CANTIDADES ABONADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL ‘CÉNTIMO SANITARIO’

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El Supremo establece que las indemnizaciones por el ‘céntimo sanitario’ que debe pagar la Administración General del Estado son la suma, en relación a cada perjudicado, de todas las cantidades que abonó durante la vigencia de dicho impuesto contrario al derecho de la Unión Europea, que entró en vigor en 2002, y que reclamó en su recurso contencioso-administrativo.

La Sala III del alto tribunal subraya que en este caso, el plazo para reclamar se inició al dictarse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de febrero de 2014, que declaró que la Ley española que creó el impuesto había vulnerado el Derecho de la UE.

En las dos primeras sentencias dictadas sobre esta materia -cuyo fallo estimatorio se avanzó el pasado 26 de enero-, el Supremo recoge otras tres bases para fijar las indemnizaciones, las dos primeras para evitar un enriquecimiento injusto. Así, la segunda base es que de la cuantía a cobrar se descontarán las cantidades que, en el momento de efectuarse el pago de la indemnización por responsabilidad, el recurrente ya hubiera percibido por devolución de ingresos indebidos respecto del mismo impuesto y ejercicios.

En tercer lugar, también podrá minorarse por las cantidades que el recurrente ya hubiera percibido por las devoluciones del tramo autonómico respecto del gasóleo profesional, respecto de ese mismo impuesto y ejercicios.

La cuarta base señala que se abonarán los intereses legales de la cantidad correspondiente desde el día de la presentación de la reclamación hasta la fecha de la notificación de la respectiva sentencia del Tribunal Supremo. Tras estas dos sentencias, de contenido similar y que condenan al Estado a pagar indemnizaciones de entre 73.000 y 92.800 euros a dos empresas, el alto tribunal tiene que resolver más de 4.000 recursos sobre el mismo asunto.

Las dos sentencias del Supremo, de las que ha sido ponente la magistrada María del Pilar Teso Gamella, estiman los recursos de “Transportes Muñiz S.L.” y de “Empresa Freire S.L.”, respectivamente, contra los acuerdos del Consejo de Ministros, de febrero de 2015, que denegaron su reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado legislador debido a los daños que les originó la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos, conocido como “céntimo sanitario”, que estuvo en vigor desde el 1 de enero de 2002 hasta el 1 de enero de 2013, y que fue declarado contrario al derecho comunitario en sentencia en febrero de 2014.

Violación suficientemente caracterizada

La cuestión medular para estimar o no los recursos, y reconocer las correspondientes indemnizaciones, era determinar si la infracción del Derecho comunitario fue una “violación suficientemente caracterizada”, y el Supremo aprecia que sí lo fue porque, al tiempo de la implantación del impuesto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y “las uniformes e insistentes” comunicaciones de las autoridades comunitarias a las españolas, ponían de manifiesto que dicho impuesto no se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Directiva 92/12/CEE. “De modo que la violación del Derecho Comunitario tenía el grado de claridad suficiente para ser considerada como suficientemente caracterizada”, señalan las sentencias.

“Cuando entra en vigor, en 2002, el controvertido impuesto, creado mediante Ley 24/2001, las autoridades españolas eran conscientes, o deberían haberlo sido (lo que significa que no puede ser un error jurídico de carácter excusable), que dicho impuesto no se ajustaba a lo dispuesto por el artículo 3.2 de la Directiva 92/12/CEE”, concluye el Supremo.

El motivo de que vulnerase la normativa comunitaria fue que ésta requiere que este tipo de impuestos indirectos tengan una “finalidad específica” y no presupuestaria, de modo que su objeto por sí mismo no sea financiar una trasferencia del Estado a las Comunidades Autónomas, como aquí sucedía, sino que hubiese sido preciso que los rendimientos del impuesto se destinaran a garantizar la protección de la salud y del medioambiente para disminuir los costes sociales y medioambientales ocasionados o vinculados, específicamente, al consumo de los hidrocarburos gravados, lo que no ocurrió.

Relación de causalidad directa y exclusiva

El Supremo también señala que, en contra por lo sostenido por la Administración, “la relación de causalidad es directa porque la parte recurrente ha sufrido un daño de carácter económico, que es antijurídico porque no tiene el deber de soportar, derivado de una actuación de los poderes públicos, que se concreta en la aplicación de una norma legal contraria al Derecho de la Unión Europea, cuando entre ambos elementos media un vínculo causal. Y es de carácter directo porque la aprobación de la Ley 24/2001, que crea el impuesto, y los sucesivos actos de aplicación, generan un daño económico en forma de repercusión derivada de las sucesivas liquidaciones tributarias. Sin lo primero, esa actuación de los poderes públicos, no se hubiera producido lo segundo, el daño o perjuicio económico. De ahí su carácter necesario”.

La relación de causalidad es exclusiva toda vez que el daño ocasionado al recurrente deriva de la aplicación de una ley estatal, la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que alumbra el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos. “No se trata de determinar, a los efectos que ahora enjuiciamos, qué Administración o Administraciones se han beneficiado de los rendimientos de dicho impuesto, sino qué Administración o Administraciones son responsables de su implantación.

Y si bien es cierto que la configuración del impuesto permite que junto al tipo estatal, se aprueben tipos impositivos adicionales por las Comunidades Autónomas, y así lo hicieron algunas, lo cierto es que es la citada Ley 24/2001 la que establece un diseño y estructura del impuesto contrario al Derecho de la Unión Europea. Es el artículo 9 de la Ley 24/2001 el que trasgrede el artículo 3.2 de la Directiva de impuestos especiales armonizados, dando lugar al ingreso de cantidades económicas por la aplicación de un impuesto, cuya invalidez ha sido declarada. Manteniéndose en vigor durante más de diez años, sin que fuera derogado por quién tenía la competencia para hacerlo”, explica la resolución.

Aclara que lo examinado es la legalidad de una denegación de reclamación por responsabilidad patrimonial y no de una devolución de ingresos indebidos, pues ésta última, efectivamente, se presenta ante la Administración que ha recibido el ingreso indebido, mientras que en el caso de la responsabilidad patrimonial es ante la Administración autora de la actuación que causa el daño que debe ser reparado.

Voto particular

Las sentencias cuentan con sendos votos particulares del magistrado José Luis Requero Ibáñez, que discrepa de sus cinco compañeros del tribunal que ha dictado las resoluciones, y considera que debieron desestimarse los recursos por considerar que la vulneración de la norma comunitaria que supuso el ‘céntimo sanitario’ no fue “suficientemente caracterizada”, es decir, que no fue un incumplimiento suficientemente grave o manifiesto por parte de España.

“Cabe concluir -según este magistrado- que, efectivamente, España creó un impuesto no armonizado cuya compatibilidad con las exigencias del artículo 3.2 de la Directiva 92/12/CEE eran dudosas, y las posturas favorables y desfavorables eran defendibles, al margen de cuál fuese más convincente. Finalmente será el TJUE quien zanje el debate avanzando –y concretando- en la interpretación e integración del concepto “finalidad específica” exigible a los impuestos especiales no armonizados. Ahora bien, lo que de convincente hay en esa doctrina no lleva a que la postura contraria, mantenida durante más de diez años, haya dado lugar a una infracción de la norma comunitaria suficientemente caracterizada, es decir, que con su mantenimiento se haya incurrido en una infracción grave, manifiesta, intencionada e inexcusable de la Directiva 92/12/CEE”.

A ello añade “la dificultad de exigir como finalidad especifica unas políticas de fomento de determinadas energías y que desincentiven el uso de hidrocarburos, algo complejo en comparación con tributos que graven el tabaco o el alcohol, a lo que se añade el reparto competencial entre el Estado y Comunidades Autónomas en cuanto que el primero promulga la ley creadora del impuesto y las segundas las políticas objeto de financiación. Que en el procedimiento prejudicial no se probase o no hubiese constancia de las mismas habrá llevado a una interpretación de la norma comunitaria de la que se deduce que la norma española no se ajusta a la misma, que la incumple, pero no da pie a considerar que ese incumplimiento sea grave y manifiesto”.