El Gobierno aprueba el proyecto de Ley que refuerza el control frente al fraude en Impuesto de Hidrocarburos

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley por el que se modifican la Ley de Impuestos Especiales, y otras normas tributarias, como la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el objetivo de adaptarlas a varias directivas de la Unión Europea y con el que se pretende también reforzar el control frente al fraude en el Impuesto de Hidrocarburos.

El pasado 18 de mayo el Gobierno tomó razón de este anteproyecto de Ley y fue sometido al procedimiento de información pública y al resto de trámites establecidos. Una vez que hoy se aprueba por el Consejo de Ministros comenzará la tramitación parlamentaria ordinaria.

Este proyecto de Ley tiene, entre otros objetivos, modificar las citadas leyes para trasponer varias directivas comunitarias y reforzar el control en el uso de productos similares a carburantes para que también estén sujetos al pago del impuesto.

De esta manera, la norma introduce cambios para atajar el fraude en el Impuesto sobre Hidrocarburos, aumentando el control sobre el uso de productos similares usados como carburante con los que se pretendiera eludir el pago del tributo.

En concreto, con el cambio normativo se pretende atajar una modalidad de fraude, que consiste en la utilización de productos muy similares a los carburantes de automoción convencionales, en particular al gasóleo, pero con alguna pequeña modificación introducida para lograr que su uso como carburante se realice sin tener que pagar el impuesto.

Para evitar dichas prácticas se adoptan dos medidas. En concreto, se establece un supuesto de responsabilidad solidaria del pago del impuesto a quienes posean, bien para su distribución al por mayor o al por menor, o para su uso como carburante en vehículos destinados al transporte, hidrocarburos en los que se detecte la presencia de otros productos, excepto los aditivos o marcadores autorizados, o que hayan sido adquiridos a operadores no habilitados para poder comercializarlos.

Dado que la circulación intracomunitaria de estos productos no está sujeta a control y que existe un alto riesgo de su uso final como carburante o combustible, se habilita a la Agencia Tributaria para que pueda exigir la aportación de una garantía para amparar la circulación, tenencia y utilización de estos productos.

De esta forma, todos aquellos productos que se utilicen como carburantes estarán sujetos al Impuesto sobre Hidrocarburos, sea cual sea su naturaleza, fueran mezclas o no. Lo determinante para su tributación es el uso que se hace del producto.

CAMBIOS TÉCNICOS Y DE NOMENCLATURA EN LAS TRASPOSICIONES
Asimismo, el proyecto de ley transpone tres directivas. La primera es una de 2019 por la que se establece el régimen general de los Impuestos Especiales. Según explica el Ejecutivo, las modificaciones introducidas en esta directiva son fundamentalmente técnicas y tienen por objeto adaptarla a la terminología y a los procedimientos del Tratado de Lisboa.

En ese sentido, también se actualiza la terminología y los procedimientos recogidos en el Código Aduanero de la Unión Europea y se avanza en la coordinación de los procedimientos aduaneros y de los impuestos especiales.

De su lado, también se traspone la directiva (UE) 2020/1151 del Consejo de 29 de julio de 2020 por la que se modifica otra directiva relativa a la armonización de las estructuras de los Impuestos Especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas.

En este caso, actualiza las referencias a los códigos de la nomenclatura combinada que se utilizan para la descripción de los productos derivados del alcohol. En concreto, se actualizan los códigos del «vino espumoso» y de «otras bebidas fermentadas espumosas» para su mejor categorización.

Por último, se traspone la directiva (UE) 2019/2235/CE del Consejo de 16 de diciembre de 2019, por la que se modifican la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Directiva 2008/118/CE, relativa al régimen general de los Impuestos Especiales, en lo que respecta al esfuerzo de defensa en el marco de la Unión.

Adicionalmente, se aprovecha esta reforma para introducir otras modificaciones en la Ley de Impuestos Especiales. En materia de hidrocarburos, en virtud de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en diciembre de 2020, se modifica la Ley de Impuestos Especiales para determinar que no están sujetos al impuesto las operaciones de autoconsumo que impliquen la utilización de hidrocarburos como combustibles en el proceso de fabricación de otros hidrocarburos, pero únicamente cuando la sustancia resultante de ese proceso de fabricación se destine a un uso como combustible o carburante.

La Audiencia Provincial de A Coruña condena a Fenosa y Gas Natural por facturar la luz sobre consumos estimados

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La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña considera que la elaboración de facturas a ojo y cobrar el alquiler de contadores sin informar a los consumidores suponen prácticas abusivas
— Leer en www.eldiario.es/galicia/audiencia-provincial-coruna-condena-fenosa-gas-natural-facturar-luz-consumos-estimados_1_8395074.html

Petroleras como Repsol están liquidando activos a precio de saldo, y se los compran los que quieren ganar el último euro con el petróleo

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La transición energética es un hecho desde hace ya algunos años. No sin el gran riesgo de pinchar la burbuja de carbono, la descarbonización de nuestras Socioeconomías fue el objetivo originario a conseguir antes de que fuese demasiado tarde (y opciones hay de que ya lo sea). La huida del oro negro es la única vía de escape para no pocos agentes socioeconómicos, siendo además el sector marítimo es su último y más encarnizado campo de batalla hoy por hoy.

Y entre estos últimos se cuentan incluso algunas grandes petroleras, que hace ya años que les analizamos que habían optado visionariamente por coger el toro por los cuernos y transformarse de arriba abajo, en medio de lo que denominamos en su momento como la guerra del petróleo que ya está aquí, y que sigue su inexorable curso conforme el tablero geoestratégico del petróleo va cambiando la posición de sus piezas.

Ahora bastantes de esas petroleras están ya vendiendo parte de sus activos petrolíferos precio de saldo, y entre ellas están gigantes petroleros internacionales como la española Repsol. Pero ahora bien, si ellos venden… ¿Quién está saliendo de compras por el mundo adquiriéndoles esos activos que ponen casi desesperadamente a la venta?

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La demanda de carburantes en España registra caída histórica en 2020

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La demanda de carburantes en España ha registrado una caída histórica en 2020, situándose en niveles de los años 90 debido a la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con el informe anual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio correspondiente al año 2020 publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los precios de venta al público se situaron en los niveles más bajos de la década.

En 2020, la demanda de gasolina 95 y la del gasóleo A en España  sumaron en conjunto una caída del 17,1% y se situaron en niveles característicos de la década de los años 90 debido a la pandemia del coronavirus y a sus consecuencias económicas.

Los precios de venta al público se han reducido hasta los 1,2 euros por litro (-9,3%) para la gasolina 95 y los 1,1 euros por litro (-11,7%) para el gasóleo A en promedio anual.

El descenso fue inferior al registrado por los productos de referencia (gasolina y gasóleo) en los mercados internacionales.

De acuerdo con lo que ha señalado la CNMC, esto se explica porque «la subida en el margen bruto de distribución en España, es decir, la diferencia entre el precio antes de impuestos y la cotización internacional, se ha situado en máximos históricos: 25 céntimos de euro por litro para la gasolina 95 y 24 céntimos de euro por litro para el gasóleo A, en promedio anual».

Además, los analistas han destacado que los diferenciales de precios y márgenes brutos con Europa se han ampliado.

Desde la CNMC han explicado que los precios de los carburantes en España responden a un nivel de competencia mejorable y a una serie de factores estructurales propios del mercado local.

Además, en el informe publicado, la CNMC ofrece varias recomendaciones para mejorar la competencia y la supervisión del mercado, entre las que destaca que la normativa no ponga barreras a la instalación de estaciones de servicio más eficientes en costes que no se justifiquen por razones de interés general.

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

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El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que establece el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Este cambio normativo actualiza las condiciones técnicas y administrativas del proceso para la certificación energética de los edificios y responde a la adecuación de la normativa española a las nuevas necesidades y retos adquiridos para alcanzar el objetivo de descarbonización a 2050.

El Certificado de Eficiencia Energética recoge la información más relevante sobre la situación energética de cada inmueble y desempeña un papel estratégico en la mejora de la calidad de la información energética y la valoración de su rendimiento, elementos clave para evaluar la toma de decisiones que afecten al edificio.

Este Real Decreto regula la metodología y definiciones técnicas para el cálculo de la calificación energética, así como la documentación exigible para tramitar la certificación energética de los edificios. Además, fija el contenido mínimo del Certificado de Eficiencia Energética y las condiciones para obtener la etiqueta de eficiencia energética de los edificios.

La norma, que adapta la certificación energética a la normativa europea mediante la transposición parcial de la Directiva 2018/844, actualiza las obligaciones de los promotores y los propietarios de edificios en cuanto a las características técnicas que deben cumplir los inmuebles en materia de certificación energética, tanto en relación con los proyectos de edificación como con las obras terminadas.

Mayor eficiencia, transparencia y control

El real decreto promueve la activación de medidas de mejora de la eficiencia energética de los edificios, en línea con los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que establece como objetivo a 2030 la rehabilitación de 1.200.000 viviendas reduciendo la dependencia energética y las emisiones de los edificios.

Al mismo tiempo, este cambio normativo será clave para la promoción y puesta en marcha de medidas de mejora de la eficiencia energética de los edificios, a través de las actuaciones en materia de rehabilitación de vivienda, regeneración urbana y modernización de la Administración Pública contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La aprobación de esta norma también tiene el objetivo de mejorar la transparencia en la información a compradores y usuarios mediante el Certificado de Eficiencia Energética de edificios y el nuevo Registro Administrativo Centralizado de informes de evaluación energética, que recogerá la información remitida por las comunidades autónomas en esta materia.

De igual manera, se incorporan mejoras en aspectos de digitalización y acceso de la información relativa a la energía edificatoria, dinamizando y permitiendo impulsar las actuaciones de rehabilitación energética de los edificios.

Asimismo, este real decreto actualizará los mecanismos de seguimiento y control por parte de las administraciones públicas, agentes del sector y usuarios, a través de la Comisión asesora para la certificación de eficiencia energética de los edificios.

Ampliación de la certificación obligatoria

La aprobación de este real decreto amplía el parque de edificios obligados a disponer de una certificación de eficiencia energética. De esta manera, aquellas construcciones con una superficie útil total superior a 500 m2 y destinadas a un uso administrativo, sanitario, comercial, residencial público, docente, cultural, recreativo, logístico, hostelero o deportivo deberán tener su Certificado de Eficiencia Energética.

Lo mismo ocurre con los edificios ocupados por una administración pública con una superficie útil total superior a 250 m2, independientemente de la frecuencia y afluencia de público en el mismo. Se trata de una medida que supera los mínimos exigidos a nivel comunitario, en línea con el compromiso de la Administración Pública con la eficiencia energética de los edificios.

A su vez, aquellos inmuebles que deban pasar obligatoriamente la Inspección Técnica del Edificio (ITE) y rehabilitaciones energéticas en los próximos años también estarán obligados a disponer de esta certificación de eficiencia energética.

Actualización y mejora de procedimientos

La aplicación del real decreto regula las visitas presenciales de los técnicos competentes, que deberán revisar al menos una vez cada edificio para verificar las condiciones de eficiencia energética para emitir el certificado.

La nueva norma distingue entre certificación de eficiencia energética de proyecto y de obra terminada, al tiempo que reduce de 10 años a 5 años el periodo de validez de los certificados de peor calificación energética. Además, se establece también la obligación, tanto de particulares como de empresas, de mostrar la calificación energética en la publicidad de alquiler o venta de los edificios.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/01/390/dof/spa/pdf

Modificación de la Ley de Impuestos Especiales

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El Gobierno ha analizado en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de Impuestos Especiales y otras normas tributarias, que ahora será sometido al trámite de información pública.

El texto transpone tres directivas europeas, como los procedimientos que se recogen en el Código Aduanero de la Unión Europea, y avanza en la coordinación de los procedimientos y de los impuestos especiales.

Como novedad, ha destacado Montero, se refuerza el control para atajar una modalidad de fraude en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos que consiste en realizar pequeñas modificaciones en la composición de los carburantes, especialmente el gasóleo, para evitar el pago del gravamen.